Procesan en libertad a un hombre acusado de matar perros y vender su carne en puestos de tacos en Nezahualcóyotl
Bernardino "N", acusado de sacrificar perros y vender su carne para el consumo humano en el municipio de Nezahualcóyotl, enfrentará su proceso judicial en libertad tras la decisión de un juez del Estado de México. El caso ha provocado preocupación debido a las acusaciones por maltrato animal y a la violación de la normativa sanitaria que prohíbe de manera tajante el comercio de carne canina en el país.
Un hecho que ha generado profunda indignación y preocupación en el Estado de México se registró en el municipio de Nezahualcóyotl, donde las autoridades detuvieron a Bernardino "N", una persona señalada de presuntamente capturar y asesinar perros para comercializar su carne para el consumo humano. Sin embargo, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados y del impacto que el caso ha causado en la comunidad, el acusado enfrentará su proceso judicial en libertad.
Durante el desarrollo de la causa penal, la autoridad judicial con sede en Nezahualcóyotl determinó vincular a proceso a Bernardino "N". Pese a la vinculación, el juez decidió no imponer la medida de prisión preventiva y en su lugar fijó diversas medidas cautelares, entre las que destaca la obligación de realizar presentaciones periódicas ante el juzgado, además de otras reservas contempladas por la ley que le permiten llevar todo el procedimiento legal fuera de la cárcel.
Como consecuencia de este fallo judicial, Bernardino "N" abandonó el centro de reinserción social de Nezahualcóyotl donde se encontraba recluido. No obstante, su situación legal aún no está resuelta por completo, ya que el juzgador estableció que el imputado deberá presentarse de manera obligatoria a la siguiente audiencia del caso, la cual quedó pactada para llevarse a cabo el próximo 8 de noviembre.
El origen de las investigaciones se remonta a las acciones emprendidas por los integrantes de una institución de la sociedad civil. Esta agrupación interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes y, de forma paralela, hizo público el caso a través de las redes sociales, en donde señalaron la existencia de un lugar que funcionaba como un matadero clandestino enfocado en el sacrificio de caninos en el municipio mexiquense.
Para respaldar la acusación, los denunciantes publicaron una serie de fotografías que exhibían de manera explícita las precarias y deplorables condiciones en las que vivían los canes antes de ser sacrificados. El impacto de estas imágenes difundidas en internet sirvió como base para que las autoridades competentes iniciaran una persecución e investigación formal en contra de Bernardino "N" y de su familia, quienes también fueron señalados por su presunta participación en los hechos.
Las implicaciones legales del caso abarcan la comisión de un doble delito de gran relevancia. En primer lugar, se encuentra la figura del maltrato animal, dado que Bernardino "N" es acusado de capturar a los animales, mantenerlos en pésimas condiciones y finalmente quitarles la vida. En segundo lugar, se configuran severas faltas legales relacionadas con la venta de un producto no autorizado para el consumo humano.
De acuerdo con los reportes sobre el caso, la carne obtenida del sacrificio de los perros era vendida para la preparación de tacos en puestos de la vía pública. Esta situación provocó que numerosas personas consumieran dichos alimentos sin saber que se trataba de carne canina, exponiéndose a un potencial peligro de salud debido a las condiciones insalubres en las que se procesaba el producto.
A nivel normativo, la regulación mexicana es enfática en prohibir el uso de carne de perro para la alimentación. La Norma Oficial Mexicana veta categóricamente su venta y consumo en todo el país. Aunque en otras partes del mundo esta práctica pueda ser tolerada o permitida debido a diferencias culturales, en el contexto local la ley prohíbe comer este tipo de carne debido a que no cumple con las condiciones sanitarias requeridas ni es un alimento apto para la salud. Ante esta situación, las autoridades de salubridad también deberán tomar conocimiento e intervenir formalmente en el caso.