Proceso judicial en Nezahualcóyotl: Otorgan libertad procesal a imputado por presunta venta de carne de perro en tacos
Un juez del Estado de México dictaminó que Bernardino "N", señalado por operar un presunto matadero clandestino de perros y comercializar su carne en puestos de tacos de la calle, enfrente su proceso penal en libertad. La resolución le permite abandonar el centro penitenciario sujeto a medidas cautelares, de cara a una audiencia decisiva programada para el próximo 8 de noviembre.
La resolución judicial sobre el caso de Bernardino "N", acusado de la matanza sistemática de canes y la posterior venta de sus restos para consumo humano en el municipio de Nezahualcóyotl, ha definido el curso que tomará este expediente en los tribunales del Estado de México. La autoridad penal con sede en dicha localidad determinó no aplicar la medida de prisión preventiva, permitiendo que el imputado continúe el procedimiento procesal en libertad.
Al modificar la condición cautelar, el juzgador estableció un esquema de supervisión que obliga a Bernardino "N" a cumplir con presentaciones periódicas ante el juzgado, además de sujetarse a otras reservas previstas por la legislación vigente. Con esta determinación, el acusado abandonó el Centro de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, aunque permanece formally vinculado al proceso penal y deberá comparecer de manera obligatoria a la audiencia pactada para el 8 de noviembre.
El origen de la causa penal se remonta a las acciones emprendidas por integrantes de una institución civil, quienes documentaron y expusieron la situación a través de plataformas digitales antes de formalizar la denuncia ante las instancias correspondientes. La alerta pública incluyó material fotográfico que evidenciaba las precarias condiciones en las que mantenían a los animales dentro del inmueble señalado como matadero clandestino. Estos elementos permitieron a las autoridades iniciar formalmente el seguimiento de los hechos y la persecución legal en contra de Bernardino "N" y miembros de su núcleo familiar.
El expediente judicial aborda una doble vertiente delictiva que impacta tanto la protección animal como el ámbito de la salud pública. En primera instancia, los señalamientos encuadran en el delito de maltrato animal, derivado de la captura y posterior sacrificio de los canes. En segundo término, el caso adquiere dimensiones sanitarias debido al destino final de los insumos obtenidos: según los datos asentados en la investigación, la carne era comercializada para el consumo en puestos de tacos en la vía pública, donde fue adquirida por la ciudadanía sin conocimiento de su procedencia.
En la legislación nacional, la comercialización y ingesta de este tipo de carne se encuentra expresamente prohibida. La Norma Oficial Mexicana veta la venta y el consumo de carne de perro en todo el territorio nacional, diferenciándose de los marcos regulatorios de otros países donde la cultura local sí contempla dicha práctica. En el contexto mexicano, la prohibición se sustenta en que estos productos no resultan saludables para la población humana, lo que requerirá de forma paralela la intervención y conocimiento formal del caso por parte de las autoridades sanitarias y de salubridad correspondientes.
A la espera de la audiencia del 8 de noviembre, el proceso mantendrá bajo la lupa el cumplimiento estricto de las medidas cautelares impuestas a Bernardino "N", mientras los tribunales evalúan la responsabilidad penal correspondiente por la suma de infracciones relativas al maltrato animal y a las normas de sanidad vigentes.
